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Tal y como ocurriera el año pasado, diciembre y enero han sido malos meses para el precio de la electricidad. Tan malos que, también como ocurriera el año pasado, se ha generado un clima de alarma social, en parte, aderezado por las habituales dosis de demagogia política. Y tanta alarma social que, también como ocurriera el año pasado, se han apuntado modificaciones normativas ‘en caliente’ para que presuntamente esto no vuelva a ocurrir. Sin embargo, en realidad, nadie puede afirmar que no estábamos avisados.
Cuando hablamos del precio de la electricidad conviene tener claro de qué estamos hablando. Podemos hablar del precio que se forma en el mercado mayorista y podemos hablar del precio que paga el consumidor en el conocido como ‘recibo de la luz’.
Empecemos por el primero. El mercado mayorista es el punto de encuentro entre generadores y comercializadores, donde se compra y vende hora a hora la energía eléctrica y ha de dar las señales de precio reales; es necesario para la seguridad y la economía, ha de señalar la escasez, ha de ser homogéneo con los de otros países, y además responde a una norma europea de obligado cumplimiento (de hecho, hasta los algoritmos de casación y la plataforma informática son europeos).
Y realmente debe ser así. La única manera de que el sistema sea realmente eficiente es que en cada momento se refleje el coste real de generar y consumir energía eléctrica. Sólo así se pueden transmitir las señales correctas que contribuyan a optimizar el sistema y a una eficiente asignación de los recursos.
La razón de los elevados precios del mercado mayorista observados en las últimas semanas hay que buscarla en una serie de circunstancias coincidentes y en la propia naturaleza del producto. La electricidad es difícil y cara de almacenar, y hay que generarla en el mismo instante en el que se consume. Además, necesitamos distintas tecnologías de generación (nuclear, térmica, hidráulica, eólica, gas…) y cada tecnología tiene sus propias características y costes que afectan al precio final. Niveles de generación iguales pueden tener costes muy diferentes en función de mix utilizado. Por eso el coste de generar puede cambiar mucho de una hora a otra.
Además, la estructura de generación depende de factores exógenos no gestionables. Si coincide, como ha pasado en estos días, que tenemos sequía, no hay viento, hay una ola de frío, tenemos recortes de suministro de gas de Argelia que hacen que los precios del gas en España se encarezcan respecto a los precios de nuestro entorno y, para colmo, Francia tiene indisponibles 8 centrales nucleares (dejamos de importar y pasamos a exportar energía eléctrica) el resultado es que el precio de generar energía eléctrica se dispara.
Llegados a este punto conviene preguntarnos, ¿estamos ante un problema del mercado mayorista de la electricidad? La respuesta razonada indica que no. En general, según los datos de la propia Comisión Europea, el precio del mercado mayorista en España es bastante similar en promedio al del resto de Europa. El problema del mercado mayorista no hay que buscarlo en el precio o en el mecanismo marginalista de asignación del mismo, puesto que otros sistemas, singularmente el conocido como ‘pay as bid’, no está demostrado que a largo plazo generen precios más bajos.
El problema que se ha manifestado en las últimas semanas es un problema de volatilidad. Volatilidad que, a su vez, tiene que ver con decisiones políticas, -y, por tanto, como país-, que hemos tomado en relación con la participación de las energías renovables en el mix de generación de electricidad. No se trata de juzgar tales decisiones que, naturalmente son legítimas, sino exponer que cada opción de regulación produce efectos distintos.
La volatilidad en el mercado mayorista no puede eliminarse con una reforma regulatoria. Y, de hecho, hay que prever que tenderá a aumentar a medida que nuestro mix de generación sea cada vez más renovable, puesto que la generación renovable -la hidroeléctrica también para no citar sólo a la eólica, solar o fotovoltaica- está sometida a factores exógenos que no podemos controlar. El precio medio no tiene por qué aumentar, pero la volatilidad del precio horario crecerá, y los precios serán más altos cada vez que sea necesaria utilizar la capacidad de soporte, como por ejemplo, la generación térmica. Sólo cuando la generación renovables sea competitiva a precios de mercado y cuando las baterías y otras tecnologías de almacenamiento se abaraten sustancialmente y mejoren sus rendimientos, cuando almacenar la electricidad sea fácil y barato, esa volatilidad de los precios tenderá a bajar.
Realmente, el problema del precio de la electricidad no está en el precio del mercado mayorista sino en el precio que recibe y paga el consumidor. Y está ahí por dos motivos. El primero porque, tras la reforma del año pasado, aproximadamente 12 millones de consumidores están sometidos a una tarifa regulada, conocida como PCPV (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) que los expone directamente a la volatilidad horaria del mercado mayorista y, por tanto, a los elevados precios de las últimas semanas. El segundo porque el precio que paga el consumidor final en España es artificialmente alto por lo que se conoce como externalidades, esto es, todos los elementos que no son energía y redes de transporte que están incluidos en la factura.
En su informe de supervisión de 2015 (noviembre de 2016), ACER, el regulador europeo, destaca que la media de los costes de los precios eléctricos ajenos al suministro (externalidades) constituye para los consumidores europeos residenciales un 38% de su factura. En España el peso de las externalidades es un 50%, lo que supone un 30% más. Comparado el ‘precio de la luz’ (energía y redes) de España con la media europea, aislado de esas externalidades, la electricidad en España resulta incluso un 10,4% más barata.
Las externalidades, compuestas por impuestos, otros costes regulados (extrapeninsulares, costes de los reguladores, etc.) y los subsidios a las energías renovables (un tercio del total de las externalidades) son las que están encareciendo la factura en Europa y, relativamente, más en España. Así, ACER señala que mientras que los precios del gas para los consumidores residenciales descendieron un 4% en la UE en 2015 respecto al año anterior, los precios de la electricidad se incrementaron cerca del 2%. De hecho, la tarifa eléctrica no ha cesado de aumentar desde 2008 (cerca de un 30%).
Luego el verdadero problema es afrontar un ‘recibo de la luz’ artificialmente alto que, además, está expuesto, para prácticamente la mitad de los consumidores, a la volatilidad del mercado mayorista cuando esos consumidores, en todo caso, carecen de herramientas para poder optimizar esas señales de precio y, en muchos casos, están sometidos a una vulnerabilidad económica que los aboca en estos meses a situaciones de estrés financiero que podríamos evitar.
Las soluciones están sobre la mesa. La Comisión Europea en el Winter Package publicado en noviembre pasado recomienda la eliminación de las tarifas reguladas y la especial atención a los colectivos más vulnerables. El mercado ya cuenta con las herramientas adecuadas para cubrir el riesgo de la volatilidad del precio a los consumidores.
El mercado minorista, en el que compiten únicamente y entre si los comercializadores, es suficientemente competitivo como para que los consumidores se fíen de él. El mercado minorista cuenta en la actualidad exactamente con 404 comercializadores. Cada consumidor puede elegir libremente cuál de ellos quiere que le suministre. Hay suministradores para todos los gustos (sociedades cooperativas, empresas municipales, grandes multinacionales, start-ups, grupos empresariales que suministran otros productos y servicios, etc.) y ofrecen todo tipo de ofertas adaptadas para las distintas necesidades. Y la calidad del producto es exactamente la misma en todos los casos. Pocos mercados de productos o servicios tienen tantos suministradores, con un elevado nivel de competencia que permita prevenir la colusión, y con exacta calidad.
En relación con la reducción de las externalidades, ACER, el regulador europeo, ha puesto de manifiesto la posibilidad de que el coste de la acción por el clima a través de las energías renovables subvencionadas sea compartido por otros sectores energéticos, distintos del eléctrico y también generadores de CO2, lo que permitiría reducir el precio de la electricidad que llega al consumidor final. La CNMC también se ha sumado a esta tesis y ha añadido, no sin razón, que habría que revisar la imposición que grava directamente la generación de electricidad desde 2013 por los efectos distorsionadores sobre las tecnologías marginales de generación y sobre el mercado.
En definitiva, esta situación de alarma social no debería llevar a conclusiones precipitadas sobre la regulación del mercado mayorista de la electricidad. El problema más bien es que consumidores finales en España reciben un precio artificialmente más alto que el de nuestros socios de referencia y además, la mitad de ellos están sometidos a una volatilidad incontrolable e impredecible. Hay muchas cosas que arreglar antes que cambiar algo que funciona en el mercado de la electricidad.
